Cada 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una fecha que en México cobra especial relevancia ante una crisis que se extiende por buena parte del territorio nacional y que mantiene a miles de familias en una búsqueda que, en muchos casos, se prolonga durante años.
La fecha fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2010 y comenzó a observarse en 2011, con el objetivo de visibilizar a las víctimas, pero también el impacto que la desaparición tiene sobre sus familias y comunidades.
Este 2026, además, la conmemoración coincide con el 20 aniversario de la adopción de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, bajo el lema "Las víctimas primero. Acciones ya", con un llamado a garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.
En México, el panorama fue documentado este año por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que publicó el 9 de febrero su Informe sobre desapariciones en México, en el que califica el fenómeno como generalizado y advierte sobre los problemas estructurales que persisten para prevenirlo, investigar los casos y localizar e identificar a las víctimas.
De acuerdo con los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) retomados por la CIDH, al 3 de junio de 2025 había 128,713 personas desaparecidas en México.
La concentración más alta se encontraba en tres entidades:
Jalisco: 15,330 personas.
Estado de México: 14,048.
Tamaulipas: 13,471.
Los hombres representaban 76.83% de las personas desaparecidas registradas y las mujeres alrededor de 23%. Entre los hombres, el mayor número correspondía al grupo de 25 a 29 años, seguido por quienes tenían entre 30 y 34 y entre 20 y 24 años.
La CIDH también alertó sobre otra dimensión de la crisis: estimaciones independientes situaban en más de 70,000 los cuerpos sin identificar bajo custodia del Estado, situación que refleja las dificultades del país no sólo para buscar personas, sino también para realizar procesos de identificación humana.
Aunque ambos conceptos suelen utilizarse indistintamente, jurídicamente no significan lo mismo.
La ONU define la desaparición forzada como la privación de la libertad de una persona por agentes del Estado, o por personas o grupos que actúan con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguida de la negativa a reconocer esa privación de la libertad o de informar sobre la suerte o el paradero de la víctima.
Por ello, el universo de personas desaparecidas que contabiliza México no equivale automáticamente al número de víctimas de desaparición forzada. El registro incluye distintos contextos y modalidades de desaparición.
El informe de la CIDH identifica entre las víctimas a niños y hombres jóvenes reclutados por el crimen organizado; mujeres y niñas víctimas de violencia de género; personas migrantes; periodistas; personas defensoras de derechos humanos y víctimas de trata y explotación, entre otros perfiles.
La crisis mexicana tampoco responde a una sola etapa histórica. La CIDH recuerda que las desapariciones forzadas se remontan, entre otros antecedentes, a la llamada "guerra sucia", pero señala que las dinámicas actuales están fuertemente relacionadas con la actuación del crimen organizado.
El organismo advierte que, en determinados contextos, organizaciones criminales han operado en connivencia con agentes estatales, por lo que considera indispensable investigar posibles vínculos de autoridades con las desapariciones en distintos territorios.
Además de Jalisco, Estado de México y Tamaulipas, la CIDH identifica una problemática particular en el denominado "Corredor del Pacífico", integrado por Colima, Nayarit, Jalisco y Sinaloa, donde la incidencia de desapariciones estaría estrechamente relacionada con la actividad del crimen organizado.
La desaparición no afecta únicamente a quien es privado de su libertad. Naciones Unidas señala que familiares y amigos viven durante años con la incertidumbre de no saber si la persona sigue con vida, dónde se encuentra o en qué condiciones está. A esa carga se pueden sumar afectaciones económicas y los costos derivados de emprender la búsqueda.
En México, las familias y colectivos han asumido un papel fundamental ante las deficiencias de la respuesta institucional.
La CIDH reconoce su impulso para localizar a sus seres queridos, pero también advierte sobre los riesgos y hechos de violencia que enfrentan las personas buscadoras, por lo que plantea reforzar las medidas de protección para quienes realizan estas labores.
La Comisión también detectó un importante déficit de confianza entre las familias y las fiscalías, alimentado por la falta de resultados y por casos en los que las propias familias terminan asumiendo diligencias que corresponderían a las autoridades.
Pese a que México cuenta con instituciones, leyes y mecanismos especializados, la CIDH concluyó que persisten obstáculos estructurales.
Entre ellos se encuentran las deficiencias en la prevención, retrasos y fallas en las investigaciones, escasa judicialización de los casos, altos niveles de impunidad, problemas de coordinación entre las instituciones encargadas de buscar e investigar y limitaciones en materia forense.
En identificación humana, el organismo considera que los esfuerzos realizados siguen siendo insuficientes frente a la magnitud del problema y plantea fortalecer los centros especializados y avanzar hacia esquemas de identificación masiva.
En su balance general, la CIDH sostiene que México enfrenta una grave crisis de desapariciones y de identificación humana y señala entre los principales desafíos la violencia persistente, la desconfianza hacia las autoridades, la impunidad y las debilidades de las investigaciones y de los mecanismos forenses.
El gobierno federal, por su parte, ha sostenido durante 2026 que la búsqueda de personas desaparecidas es una prioridad y que el marco institucional fue reforzado con las reformas aprobadas en 2025. En julio, la Secretaría de Gobernación reiteró que la búsqueda, la atención integral a las víctimas y la protección de la protesta pacífica de sus familiares son prioridades permanentes del Estado.
Apenas el 27 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014, encuentro en el que autoridades federales presentaron avances de las investigaciones y acciones para localizar a los estudiantes.
La Asamblea General de la ONU instauró el Día Internacional ante su preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en distintas regiones del mundo y por las denuncias de hostigamiento, maltrato e intimidación contra testigos y familiares de personas desaparecidas.
La desaparición forzada puede vulnerar simultáneamente derechos como la libertad y seguridad personal, la integridad, la identidad, el acceso a la justicia y, en determinados casos, el derecho a la vida. También afecta el derecho de las familias a conocer la verdad sobre lo ocurrido.
Cuando se comete como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, puede constituir un crimen de lesa humanidad y no prescribe, de acuerdo con el Estatuto de Roma y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Así, el 30 de agosto no sólo funciona como una fecha de memoria. En un país con decenas de miles de personas cuyo paradero continúa sin conocerse, la conmemoración mantiene vigente una exigencia que las familias buscadoras han colocado durante años en el centro de la agenda pública: encontrar a sus seres queridos y garantizar verdad, justicia y reparación.